OPINIÓN
Juárez no debió violar la ley
LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón EN EL NORTE
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Dice el danzón -adaptado del que en Cuba hicieron en homenaje a Martí- que "Juárez no debió de morir, ay, de morir". Lo que en verdad no debió hacer Juárez fue violar la Constitución, ay, la Constitución. Desde el momento mismo en que asumió la presidencia de la República don Benito hizo con la máxima ley su muy absoluta voluntad. Se le olvidaron todas sus protestas de fidelidad a la Carta Magna del 57 y se dedicó a violarla.
En los primeros días de 1861 el nuncio del Papa en México recibió una carta firmada por don Melchor Ocampo, ministro de Juárez:
"... No es de ningún modo conveniente al gobierno constitucional de la República la presencia de usted en ella después que tantos sacrificios ha costado a esta nación el restablecimiento del orden legal, después de tanta sangre que se ha derramado en este suelo, y todo por el escandaloso participio que ha tomado el clero en la guerra civil. Hoy que el orden constitucional queda restablecido el Excelentísimo señor presidente ha dispuesto que usted salga de la república en un breve término que sea el absolutamente necesario para preparar su viaje.- Dios y Libertad..".
El problema es que "el Excelentísimo señor presidente" no tenía facultades para ordenar esa expulsión, ni tampoco la de cinco o seis obispos que siguieron la misma suerte del Nuncio Apostólico. Y les fue bien a los monseñores, pues en Veracruz fueron detenidos por las autoridades liberales del puerto, y hubieron de escuchar amenazas de muerte por parte de un populacho enardecido con las prédicas de algunos Marats de baratillo. Don Ignacio Altamirano había dicho estas palabras: "... El gobierno desterró a los obispos en vez de ahorcarlos, como merecían esos apóstoles de la iniquidad".
Los excesos de Juárez fueron reprobados con acrimonia por sus propios partidarios. Don Juan Antonio de la Fuente, Ocampo y Prieto, ministros de su gobierno, dejaron de serlo. En abril de aquel mismo año don José María Cuevas, un abogado probo y de renombre, rindió un informe ante la primera sala del Tribunal Superior. En él se leen estas frases de condenación:
"...Pareciendo al gobierno de Veracruz (es decir, de Juárez) que no bastaban las reformas que se habían hecho en materia religiosa hasta 1857, se resolvió a hacer las demás que completaban el programa del partido liberal... Cualquiera que sea el juicio que se tenga acerca de estas leyes debo observar que desde que el gobierno puso a un lado la Constitución para llevar las reformas hasta el punto a donde las llevó, dejó el carácter de gobierno Constitucional, pues pasa como axioma que en el momento en que el jefe de una sociedad ataca a la Constitución del Estado rompe el pacto que lo ligaba con el pueblo, y éste recobra la libertad...".
Dicho de otra manera, don Chema tachaba de ilegítimo al gobierno de Juárez. Este se había apartado de la Constitución que decía defender, obra de un Congreso Constituyente, para imponer todas las reformas que el partido "rojo" tenía en su programa, inspirado en buena parte por sus buenos amigos norteamericanos.
Los conservadores, pues, no eran unos bandidos que se levantaban contra el gobierno legítimo de la República. Formaban un partido que deseaba volver a instaurar la legalidad en la nación, legalidad rota por Juárez y los suyos.
En los primeros días de 1861 el nuncio del Papa en México recibió una carta firmada por don Melchor Ocampo, ministro de Juárez:
"... No es de ningún modo conveniente al gobierno constitucional de la República la presencia de usted en ella después que tantos sacrificios ha costado a esta nación el restablecimiento del orden legal, después de tanta sangre que se ha derramado en este suelo, y todo por el escandaloso participio que ha tomado el clero en la guerra civil. Hoy que el orden constitucional queda restablecido el Excelentísimo señor presidente ha dispuesto que usted salga de la república en un breve término que sea el absolutamente necesario para preparar su viaje.- Dios y Libertad..".
El problema es que "el Excelentísimo señor presidente" no tenía facultades para ordenar esa expulsión, ni tampoco la de cinco o seis obispos que siguieron la misma suerte del Nuncio Apostólico. Y les fue bien a los monseñores, pues en Veracruz fueron detenidos por las autoridades liberales del puerto, y hubieron de escuchar amenazas de muerte por parte de un populacho enardecido con las prédicas de algunos Marats de baratillo. Don Ignacio Altamirano había dicho estas palabras: "... El gobierno desterró a los obispos en vez de ahorcarlos, como merecían esos apóstoles de la iniquidad".
Los excesos de Juárez fueron reprobados con acrimonia por sus propios partidarios. Don Juan Antonio de la Fuente, Ocampo y Prieto, ministros de su gobierno, dejaron de serlo. En abril de aquel mismo año don José María Cuevas, un abogado probo y de renombre, rindió un informe ante la primera sala del Tribunal Superior. En él se leen estas frases de condenación:
"...Pareciendo al gobierno de Veracruz (es decir, de Juárez) que no bastaban las reformas que se habían hecho en materia religiosa hasta 1857, se resolvió a hacer las demás que completaban el programa del partido liberal... Cualquiera que sea el juicio que se tenga acerca de estas leyes debo observar que desde que el gobierno puso a un lado la Constitución para llevar las reformas hasta el punto a donde las llevó, dejó el carácter de gobierno Constitucional, pues pasa como axioma que en el momento en que el jefe de una sociedad ataca a la Constitución del Estado rompe el pacto que lo ligaba con el pueblo, y éste recobra la libertad...".
Dicho de otra manera, don Chema tachaba de ilegítimo al gobierno de Juárez. Este se había apartado de la Constitución que decía defender, obra de un Congreso Constituyente, para imponer todas las reformas que el partido "rojo" tenía en su programa, inspirado en buena parte por sus buenos amigos norteamericanos.
Los conservadores, pues, no eran unos bandidos que se levantaban contra el gobierno legítimo de la República. Formaban un partido que deseaba volver a instaurar la legalidad en la nación, legalidad rota por Juárez y los suyos.
