NACIONAL
Prefiere Gobierno adjudicar a licitar
Rolando Herrera
Cd. de México (19 enero 2015) .-00:00 hrs
Las dependencias y entidades del Gobierno federal cada vez licitan menos y contratan más mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, lo que genera espacios propicios para la corrupción.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de enero a julio del año pasado, de 201 mil 695 millones de pesos gastados, 46.6 por ciento se ejerció mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas y 53.4 por ciento a través de licitaciones.
En contraste, en 2007, año en que se ejercieron recursos por 505 mil 845 millones de pesos, 87.5 por ciento de las contrataciones se hicieron mediante licitación y sólo 12.5 por ciento bajo adjudicación directa o invitación.
Estos porcentajes toman en cuenta los montos ejercidos y no el número de procedimientos llevados a cabo.
Alejandro Tuirán, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y quien está realizando un estudio sobre las contrataciones públicas en México, señaló que las cifras evidencian que las dependencias y entidades no están cumpliendo con la ley.
Y es que la Ley Federal de Obras Públicas establece que el monto total de las adjudicaciones e invitaciones no puede superar el 30 por ciento de los recursos presupuestados de cada año.
Añadió que, al no licitar, los procedimientos de contratación se hacen más opacos y se limitan las posibilidades para que el Estado pueda adquirir bienes y servicios al mejor precio y en las mejores condiciones.
Esto, afirmó, debido a que se limita la competencia y se abren espacios para la discrecionalidad de los servidores públicos.
"Es importante entender cómo la elección del método de adquisición puede tener un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos de la contratación pública, como son incurrir en varios riesgos.
"(Entre estos riesgos están) el de corrupción, la falta de transparencia, el apego a la legalidad y la falta de efectividad gubernamental en sus políticas implementadas", advirtió.
Entre las dependencias que más privilegian la asignación directa, indicó Tuirán, están el DIF, que de enero a julio de 2014, de un total de mil 605 millones de pesos, ejerció el 73.8 por ciento mediante invitación restringida.
Otro caso, dijo, es el de la CFE, que, de 58 mil 191 millones de pesos gastados, 58.6 por ciento fue a través de adjudicaciones directas e invitaciones.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de enero a julio del año pasado, de 201 mil 695 millones de pesos gastados, 46.6 por ciento se ejerció mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas y 53.4 por ciento a través de licitaciones.
En contraste, en 2007, año en que se ejercieron recursos por 505 mil 845 millones de pesos, 87.5 por ciento de las contrataciones se hicieron mediante licitación y sólo 12.5 por ciento bajo adjudicación directa o invitación.
Estos porcentajes toman en cuenta los montos ejercidos y no el número de procedimientos llevados a cabo.
Alejandro Tuirán, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y quien está realizando un estudio sobre las contrataciones públicas en México, señaló que las cifras evidencian que las dependencias y entidades no están cumpliendo con la ley.
Y es que la Ley Federal de Obras Públicas establece que el monto total de las adjudicaciones e invitaciones no puede superar el 30 por ciento de los recursos presupuestados de cada año.
Añadió que, al no licitar, los procedimientos de contratación se hacen más opacos y se limitan las posibilidades para que el Estado pueda adquirir bienes y servicios al mejor precio y en las mejores condiciones.
Esto, afirmó, debido a que se limita la competencia y se abren espacios para la discrecionalidad de los servidores públicos.
"Es importante entender cómo la elección del método de adquisición puede tener un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos de la contratación pública, como son incurrir en varios riesgos.
"(Entre estos riesgos están) el de corrupción, la falta de transparencia, el apego a la legalidad y la falta de efectividad gubernamental en sus políticas implementadas", advirtió.
Entre las dependencias que más privilegian la asignación directa, indicó Tuirán, están el DIF, que de enero a julio de 2014, de un total de mil 605 millones de pesos, ejerció el 73.8 por ciento mediante invitación restringida.
Otro caso, dijo, es el de la CFE, que, de 58 mil 191 millones de pesos gastados, 58.6 por ciento fue a través de adjudicaciones directas e invitaciones.
