OPINIÓN
Vientos de tempestad
LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO / Catón EN EL NORTE
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La decisión de Juárez de suspender el pago de la deuda externa provocó una tempestad en los medios diplomáticos de la capital. He aquí que el gobierno mexicano desafiaba a las grandes potencias europeas: Inglaterra, España y Francia.
No sabemos con precisión cuál fue la intención de don Benito al declarar aquella moratoria. Por más que el estado de la hacienda pública era deplorable no se le escapaba a Juárez la consideración de que la falta de pago de aquella deuda provocaría un tremendo malestar en las naciones acreedores, que casi seguramente habrían de intervenir en México para obtener el pago de sus créditos.
El decreto de suspensión de pagos, publicado el 17 de julio de 1861, cayó como un rayo en todas partes. Se creó un grave estado de tensión entre el gobierno de Juárez y las representaciones de los países afectados por la medida. Los periódicos oficiales denigraban todos los días a las naciones acreedoras de México, a las que tachaban de incurrir en el vicio de la usura. Bien pronto el populacho empezó a juntarse frente a las sedes de las legaciones inglesa, francesa y española, y gritaba cosas de mucho peso contra los ministros. El 14 de agosto monsieur de Saligny paseaba tranquilamente por la galería de su casa cuando sonó un disparo que pasó rozando la cabeza del embajador, según declaró luego. Poco después una muchedumbre de léperos llegó y empezó a alborotar frente al domicilio. Saligny llamó de urgencia a sus colegas representantes de Estados Unidos, Bélgica, Ecuador y Prusia, que vivían cerca, les relató lo sucedido, y los cinco redactaron un escrito de protesta: "... Esperamos que esta nueva tentativa de asesinato pondrá por fin un término a la indiferencia con la cual el gobierno parece ha tolerado hasta aquí los asesinatos de extranjeros, que se repiten diariamente sin que se tomen las medidas necesarias para contenerlos...".
La situación se hacía cada vez más grave para Juárez. Hubo de ceder a la fuerza que sobre él ejercían los partidarios de González Ortega y lo nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ponía al general prácticamente en la antesala de la presidencia. El día que tomó posesión de la magistratura pronunció González un violento discurso que todos entendieron estaba dirigido contra Juárez:
"... ¿Por qué derramamos los demócratas la sangre del pueblo? ¿Por qué no afianzamos la paz de una manera más conveniente a los intereses del pueblo y más conforme a la marcha de la civilización y de la filosofía? Establecer la paz bajo estos auspicios es la obra de la democracia; quererla establecer entre sangre y entre cadáveres es la obra de los déspotas y de los tiranos...".
Esos últimos calificativos se referían claramente a don Benito. El pueblo, en efecto, simpatizaba con la actitud de González Ortega, que a diferencia de Juárez había conocido los horrores de la guerra y pugnaba por llegar a un acuerdo que permitiera la pacificación del país. Para eso era necesario suspender las radicales reformas de la administración juarista y gobernar "conforme a la marcha de la civilización y de la filosofía". El 7 de septiembre una representación de 51 diputados se presentó ante Juárez y le pidió que se separara del gobierno, pues su desempeño de la presidencia estaba causando graves daños al país. Entre los firmantes se hallaban Ignacio M. Altamirano y don Vicente Riva Palacio.
No sabemos con precisión cuál fue la intención de don Benito al declarar aquella moratoria. Por más que el estado de la hacienda pública era deplorable no se le escapaba a Juárez la consideración de que la falta de pago de aquella deuda provocaría un tremendo malestar en las naciones acreedores, que casi seguramente habrían de intervenir en México para obtener el pago de sus créditos.
El decreto de suspensión de pagos, publicado el 17 de julio de 1861, cayó como un rayo en todas partes. Se creó un grave estado de tensión entre el gobierno de Juárez y las representaciones de los países afectados por la medida. Los periódicos oficiales denigraban todos los días a las naciones acreedoras de México, a las que tachaban de incurrir en el vicio de la usura. Bien pronto el populacho empezó a juntarse frente a las sedes de las legaciones inglesa, francesa y española, y gritaba cosas de mucho peso contra los ministros. El 14 de agosto monsieur de Saligny paseaba tranquilamente por la galería de su casa cuando sonó un disparo que pasó rozando la cabeza del embajador, según declaró luego. Poco después una muchedumbre de léperos llegó y empezó a alborotar frente al domicilio. Saligny llamó de urgencia a sus colegas representantes de Estados Unidos, Bélgica, Ecuador y Prusia, que vivían cerca, les relató lo sucedido, y los cinco redactaron un escrito de protesta: "... Esperamos que esta nueva tentativa de asesinato pondrá por fin un término a la indiferencia con la cual el gobierno parece ha tolerado hasta aquí los asesinatos de extranjeros, que se repiten diariamente sin que se tomen las medidas necesarias para contenerlos...".
La situación se hacía cada vez más grave para Juárez. Hubo de ceder a la fuerza que sobre él ejercían los partidarios de González Ortega y lo nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ponía al general prácticamente en la antesala de la presidencia. El día que tomó posesión de la magistratura pronunció González un violento discurso que todos entendieron estaba dirigido contra Juárez:
"... ¿Por qué derramamos los demócratas la sangre del pueblo? ¿Por qué no afianzamos la paz de una manera más conveniente a los intereses del pueblo y más conforme a la marcha de la civilización y de la filosofía? Establecer la paz bajo estos auspicios es la obra de la democracia; quererla establecer entre sangre y entre cadáveres es la obra de los déspotas y de los tiranos...".
Esos últimos calificativos se referían claramente a don Benito. El pueblo, en efecto, simpatizaba con la actitud de González Ortega, que a diferencia de Juárez había conocido los horrores de la guerra y pugnaba por llegar a un acuerdo que permitiera la pacificación del país. Para eso era necesario suspender las radicales reformas de la administración juarista y gobernar "conforme a la marcha de la civilización y de la filosofía". El 7 de septiembre una representación de 51 diputados se presentó ante Juárez y le pidió que se separara del gobierno, pues su desempeño de la presidencia estaba causando graves daños al país. Entre los firmantes se hallaban Ignacio M. Altamirano y don Vicente Riva Palacio.
